En las últimas semanas, han salido a la luz relatos devastadores sobre cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trata a mujeres embarazadas bajo su custodia. No se trata de casos aislados—es una falla sistémica que deja a madres y personas gestantes desprotegidas en sus momentos más vulnerables.

Iris Dayana Monterroso-Lemus vivió la peor pesadilla de una persona embarazada. Fue detenida por ICE en Tennessee con alrededor de cinco meses de embarazo, y trasladada varias veces entre centros de detención antes de llegar al Centro Correccional Richwood en Luisiana. Durante tres días, suplicó atención médica mientras sentía dolor y no percibía movimiento fetal. Finalmente fue hospitalizada el 29 de abril, donde dio a luz a un bebé sin vida. “Lo tuve dentro de mí tres días, en ese centro de Luisiana, mi bebé muerto en mi vientre, dentro de mi vientre, por tres días,” dijo a la prensa. 

Cary López Alvarado, ciudadana estadounidense y con nueve meses de embarazo, fue detenida durante redadas de ICE en California. Al intentar proteger su lugar de trabajo de los agentes federales, fue empujada violentamente y perdió el equilibrio. “No puedo resistirme, estoy embarazada,” les dijo mientras la esposaban. Tras ser liberada, fue hospitalizada con fuertes dolores abdominales y los médicos tuvieron que monitorear de cerca su estado y el de su bebé.

En otro caso, una enfermera del centro de procesamiento de ICE en Aurora llamó al 911 por una mujer con cuatro meses de embarazo que llegó a la unidad médica sangrando y con dolor. Cuando el operador preguntó sobre signos de vida y latido fetal, la enfermera respondió: “No tenemos el equipo para hacer eso.” Esta respuesta resume la negligencia médica y la falta de respeto hacia las personas embarazadas en estos centros.

Estas historias importan porque revelan una verdad problemática: cómo nuestra sociedad valora la maternidad, independientemente del estatus migratorio. Cuando permitimos que mujeres embarazadas sean encadenadas al dar a luz, que se les niegue atención médica o que carguen durante días a un bebé sin vida, abandonamos los principios más básicos de compasión y cuidado.

Desde enero, al menos cuatro llamadas al 911 de centros de detención en Colorado, Texas y Georgia han sido por emergencias de mujeres embarazadas sangrando o con dolores extremos. [WIRED]

Las condiciones en los centros de detención de ICE son una tormenta perfecta de negligencia médica, hacinamiento e indiferencia institucional que pone en riesgo a todas las personas detenidas, pero en especial a las embarazadas, que requieren cuidados especializados. Una investigación de WIRED sobre llamadas al 911 en 10 de los mayores centros de detención del país encontró que al menos el 60% de ellos reportaron complicaciones graves en embarazos, intentos de suicidio o denuncias de agresiones sexuales. Desde enero, estos 10 centros han hecho casi 400 llamadas de emergencia.

Informes recientes de Human Rights Watch y otras organizaciones documentan “condiciones aterradoras”: confinamiento prolongado en celdas frías y saturadas, sin camas, sin ropa adecuada ni acceso a higiene. Mujeres fueron detenidas en centros de hombres durante el procesamiento, y la negligencia médica fue común, con medicinas esenciales negadas y largas demoras en recibir atención.

Esta crisis no surgió de la nada. En 2017, ICE eliminó la política que presumía la liberación de mujeres embarazadas, lo que borró protocolos de supervisión cruciales a pesar de las evidencias de su necesidad.

Más recientemente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revocó en silencio varias normas que ofrecían protecciones a mujeres embarazadas, en posparto y a bebés, incluyendo los requerimientos para proporcionar atención médica adicional, habilitar espacios privados para lactancia y garantizar el acceso a suministros básicos como pañales y fórmula infantil sin caducar.

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Cada persona embarazada merece dignidad, atención médica y el derecho básico a la seguridad durante el embarazo, el parto y el posparto. Este es un llamado a la acción para todos los que creemos en el poder de la comunidad para proteger a madres y personas gestantes. Debemos exigir más. Debemos hacer más. Porque cuando fallamos en proteger a quienes más lo necesitan, fallamos en nuestra responsabilidad más básica: cuidarnos entre nosotros.

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